Financiación humanitaria innovadora: ¿qué opciones hay?

Lo primero es no engañarse: la financiación de la ayuda humanitaria nunca ha sido suficiente; ni siquiera en sus mejores años.  Aunque a lo largo de las últimas décadas la financiación disponible ha ido aumentando progresivamente, también parecen haberlo hecho las necesidades humanitarias. Por este motivo, siempre ha estado cercana al 60% de lo que se estimaba como prioritario. Además de ser insuficiente, estaba desigualmente distribuida (tanto entre contextos humanitarios como entre los actores humanitarios que recibían los fondos para poder intervenir), y llegaba por mecanismos de escasa flexibilidad.

Esos mecanismos de financiación humanitaria, en su mayor parte (80%), se han alimentado de donaciones voluntarias de gobiernos de países de renta alta. Lo habitual es que las agencias de cooperación de estos países elijan a qué países, organizaciones y proyectos quieren financiar, de manera directa (en su mayoría) o a través de fondos globales o nacionales, y que las organizaciones compitan por una parte de esta financiación en convocatorias abiertas, presentando proyectos alineados con las prioridades del donante. 

Se lleva años hablando de lo inadecuado del modelo y de la necesidad de una reforma que nunca ha llegado a producirse. Ahora, además, el principal país donante, Estados Unidos, que en 2023 aportó en torno al 37% de toda la financiación humanitaria pública y en 2024 casi el 40%, parece desaparecer del mapa. Sin otras alternativas a esta fuente de financiación, la respuesta internacional en crisis y emergencias humanitarias se vuelve insostenible.

Algunas organizaciones internacionales han apostado por este tipo de fondos. A través de ellos se buscan inversores privados que aporten capital para financiar iniciativas que tengan un impacto social claro. Se espera que los inversores recuperen su capital por el beneficio económico generado por los proyectos (lo que resulta inviable en crisis humanitarias complejas y emergencias), o al recibir aportaciones de gobiernos que ofrezcan pagos por resultados. 

Aunque hay vida más allá de las convocatorias de proyectos de agencias bilaterales de cooperación internacional, ninguna alternativa parece, por sí misma, lo suficientemente prometedora, como para cubrir el vacío que, al menos por ahora, parece que deja USAID.

En primer lugar, muchas de estas innovaciones no son en realidad tan nuevas como aparentan. Algunas llevan estudiándose o intentando aplicarse a pequeña escala hasta más de una década, sin haber tenido el alcance esperado. Otras aún se conocen poco como para dar garantías suficientes de su potencial. Hasta las que resultan más interesantes, o con más potencial, han tenido solo un alcance relativamente pequeño, comparado con el volumen total de ayuda oficial al desarrollo. Muchas de estas opciones tampoco parecen sencillas de implementar, o estar al alcance de muchas organizaciones humanitarias, tanto internacionales como nacionales. Finalmente, prácticamente ninguna de estas opciones alternativas consigue salirse del denominador común: la dependencia de la voluntariedad de los donantes, ya sean públicos o privados. Es precisamente esta dependencia la que ha llevado al sistema humanitario a la situación que vive actualmente. 

Hoy más que nunca, nos aferramos -con algo de miedo y mucha esperanza- a los mecanismos más sólidos de financiación humanitaria basados en las contribuciones obligatorias a las que los países miembros se comprometen por pertenecer a las Naciones Unidas (CERF), la Unión Europea (ECHO), la Unión Africana (ARC), o los Bancos Multilaterales de Desarrollo. Estos mecanismos, junto al compromiso voluntario de los donantes públicos y privados con la determinación y capacidad de aumentar sus aportaciones o mejorar la manera de canalizarlas, serán fundamentales hasta que otras opciones innovadoras realmente se consoliden.