Ataques contra trabajadores humanitarios y sanitarios: cifras, causas y protección
- Página actualizada el16 de julio de 2026
Los ataques contra trabajadores humanitarios y personal sanitario han alcanzado máximos históricos. En 2025, los más de 700 incidentes de violencia contra personal humanitario dejaron cerca de 1200 víctimas entre muertos, heridos, secuestrados y detenidos, y el personal sanitario estuvo expuesto a más de 2500 ataques en países en conflicto. La mayoría de las víctimas son personal nacional y cada vez con más frecuencia el perpetrador de los ataques es un actor estatal.
En esta página se analizan los datos, causas y respuestas internacionales a esta forma de violencia, dirigida contra quienes prestan ayuda a población civil y personas en necesidad de asistencia humanitaria.
Tabla de contenidos:
¿Cuál es la magnitud de la violencia contra los trabajadores humanitarios?
¿Cómo ha evolucionado la violencia contra los trabajadores humanitarios en los últimos treinta años?
Gracias a varias iniciativas globales para registrar y verificar incidentes graves de violencia y detención contra trabajadores y trabajadoras humanitarios como la Aid Worker Security Database (AWSD), hoy sabemos que sus cifras no han dejado de aumentar (Humanitarian Outcomes, n.d.). De hecho, en 2025 se han alcanzado máximos históricos, con 710 incidentes reportados, que han afectado a 1185 profesionales del sector humanitario (según las cifras provisionales del 15 de julio de 2026).
1997 es el primer año del que existen registros fiables de las cifras de incidentes violentos y personal humanitario afectado, según los análisis que comenzaron en 2005 (Stoddard et al., 2006). Desde entonces, las cifras de incidentes se han duplicado o triplicado década a década. Mientras que en 1997 se registraron 34 incidentes violentos, en 2025 se registraron 710, unas 21 veces más.
El análisis de los datos entre 1997 y 2005 reveló que gran parte del aumento en las cifras de incidentes violentos contra personal humanitario era reflejo del crecimiento del sistema humanitario (Stoddard et al., 2006). A pesar de que mejoraban los sistemas de gestión de la seguridad y se adoptaban prácticas cada vez más restrictivas en las operaciones humanitarias, la financiación humanitaria aumentaba, y con ello el despliegue de personal expuesto a ataques.
Sin embargo, si cruzamos los datos de financiación humanitaria del Financial Tracking Service de OCHA con las cifras de personal humanitario afectado por los incidentes violentos, vemos que en un momento determinado se produce un cambio brusco en la tendencia. A partir de 2022, los ataques a personal humanitario aumentan de manera mucho más aguda que en los años anteriores, mientras que la financiación humanitaria cae. En 2025, el volumen global de financiación humanitaria disminuye hasta niveles próximos a los de 2016, mientras que el número de trabajadores humanitarios afectados por incidentes de seguridad es un 281% mayor (Humanitarian Outcomes, n.d.).
El análisis de los datos de incidentes violentos por país permite entender esta divergencia. Su distribución geográfica varía año a año, según la severidad de las crisis humanitarias y el contexto político en que se producen. Sin embargo, a partir de 2023 aumentan de forma brusca los ataques dirigidos contra personal humanitario en los Territorios Palestinos Ocupados, muy por encima de cualquier otro país.
En 2025, de los 710 incidentes de seguridad registrados, 212 sucedieron en los Territorios Palestinos Ocupados. Los siguientes países con más incidentes fueron Sudán del Sur (97), República Democrática del Congo (72), Sudán (63) y Ucrania (47) (Humanitarian Outcomes, n.d.).
¿Quiénes son las víctimas?: mayoritariamente, personal humanitario nacional
A lo largo de los años, la mayoría de las víctimas de los ataques e incidentes de seguridad han sido trabajadores humanitarios en ONG, tanto internacionales como nacionales, seguidas por las Naciones Unidas. También son significativos los ataques que afectan al personal del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y las Sociedades Nacionales. Sin embargo, en 2025, de los 1185 trabajadores humanitarios afectados por incidentes violentos, 396 trabajaban para ONG nacionales, 363 trabajaban para las Naciones Unidas, 319 en ONG internacionales, y 78 en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (Humanitarian Outcomes, n.d.).
Es importante entender que en la Aid Worker Security Database se incluyen como trabajadores humanitarios personas empleadas y voluntarias de agencias humanitarias sin ánimo de lucro, como la Cruz Roja y Media Luna Roja, ONG, agencias humanitarias de Naciones Unidas, donantes y otras organizaciones cuyas actividades se consideran humanitarias. No incluye, sin embargo, personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, personas defensoras de derechos humanos, observadores electorales, ni organizaciones puramente religiosas, políticas o activistas. Tampoco se incluye personal de sistemas de salud a no ser que reciba apoyo directo o indirecto de organizaciones humanitarias (Humanitarian Outcomes, 2026b).
Las víctimas son, de manera mayoritaria, personal humanitario nacional, no personal internacional expatriado. Todas las organizaciones humanitarias tienen mucho más personal nacional que internacional en los países en los que intervienen, y es este el que está más expuesto a amenazas y ataques.
En 2025, 1141 trabajadores y trabajadoras nacionales y 44 internacionales fueron víctimas de incidentes violentos (Humanitarian Outcomes, n.d.).
¿Qué tipo de incidentes de seguridad se producen y en qué resultan?
No todos los ataques son iguales y sus resultados tampoco lo son. Hay muertes, secuestros de más de 24 horas, heridas y lesiones graves que necesitan tratamiento médico, y detenciones o arrestos de más de 24 horas (Humanitarian Outcomes, 2026b). De hecho, aunque históricamente los tres primeros han sido los principales, desde 2023 emerge como incidente la detención de trabajadores humanitarios por parte de autoridades, sin cargos formales, un cronograma claro o condiciones establecidas para su liberación.
En 2025, 350 trabajadores humanitarios murieron como resultado de ataques e incidentes de seguridad y 322 tuvieron heridas y lesiones que requirieron atención médica. 278 fueron detenidos sin cargos formales durante más de 24 horas y 235 fueron raptados o secuestrados (Humanitarian Outcomes, n.d.):
- La mayoría de las muertes (53%) se concentraron en los Territorios Palestinos Ocupados y muy especialmente en Gaza, seguidos de Sudán (20%). La mayoría de muertes se produjeron como consecuencia de bombardeos y ataques con misiles y drones, seguidos por disparos. Las víctimas, en bastantes casos, estaban en vehículos e instalaciones humanitarias claramente identificadas, con chalecos humanitarios visibles, así como en hospitales y clínicas dirigidas o apoyadas por actores humanitarios. En otros casos, el personal murió fuera de servicio, en su domicilio y junto a su familia, en ataques aéreos.
- La mayoría de personal humanitario que resultó herido fue como consecuencia de bombardeos aéreos, con misiles y drones. En ciertos contextos como Sudán o la República Democrática del Congo, sin embargo, fueron muy frecuentes las heridas por arma de fuego en asaltos, tiroteos cruzados y emboscadas a vehículos. También se registran numerosos casos de apuñalamientos y palizas.
- Las detenciones, lejos de ser breves retenciones por controles rutinarios, han emergido a partir de 2023 como la manera en la que el poder estatal ejerce violencia contra la acción humanitaria por vías aparentemente legales, basándose en acusaciones de espionaje o incumplimiento de requisitos administrativos que la criminalizan (Humanitarian Outcomes, 2026a), principalmente en Yemen, Sudán del Sur, y República Democrática del Congo. Aunque muchos casos se resuelven en unos pocos días, bajo esta categoría también se incluyen detenciones de larga duración.
- En cuanto a los secuestros, la mayoría de casos se produjeron por grupos armados no estatales en República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur o Etiopía, y terminaron en liberación tras varias horas o días. Algunos, sin embargo, resultan en cautiverios prolongados y desapariciones en paradero desconocido. No solo se producen por motivos económicos, sino también para ejercer y disputar control territorial, o por sospecha de colaboración con el enemigo. El detonante, en algunos casos, fue precisamente por ser personal humanitario o sanitario claramente identificado como tal. En Pakistán, por ejemplo, se produjeron varios casos de secuestros de personas vacunadoras contra la polio.
Los perpetradores de la violencia
Desde 2023, el principal perpetrador de incidentes violentos contra personal humanitario es el Estado anfitrión y sus fuerzas militares, policiales y de seguridad. Si se dejan a un lado los casos de autoría desconocida, le siguen los grupos armados no estatales y, en tercer lugar, las fuerzas extranjeras o de coalición (Humanitarian Outcomes, n.d.).
Este protagonismo estatal se concentra de forma abrumadora en los Territorios Palestinos Ocupados, donde se ha producido el 60% de todos los incidentes atribuidos a Estados anfitriones entre 2023 y 2025 (Humanitarian Outcomes, n.d.).
La reducción de la financiación aumenta la vulnerabilidad ante ataques, y ambas cosas llevan al cierre de operaciones humanitarias
La vulnerabilidad de las organizaciones humanitarias y su personal frente a los ataques ha aumentado a partir de 2025, como resultado de la reducción de la financiación humanitaria. Al reducir las contribuciones, se recortan los recursos para logística, transporte, coordinación y gestión de riesgos de seguridad. Además, se interrumpen o cancelan programas, lo que puede generar descontento en la población local e incluso represalias de grupos armados (Stoddard et al., 2025).
Los incidentes violentos también tienen un impacto claro y documentado en la reducción del espacio humanitario y consecuencias dramáticas para las personas en necesidad de asistencia. Se cierran e interrumpen proyectos, obligan a adoptar modalidades de provisión de asistencia menos efectivas, e imponen barreras a la provisión de bienes esenciales para la supervivencia (Hilhorst & Jansen, 2010).
¿Qué son los ataques a la asistencia sanitaria y en qué se diferencian?
Existe un fenómeno que, por desgracia, coexiste y se solapa con la violencia contra el personal humanitario: los ataques dirigidos contra el personal de salud en conflictos armados. La OMS los define como cualquier acto de violencia física o verbal, amenaza de violencia, violencia psicológica u obstrucción que interfiere con la disponibilidad, acceso y provisión de servicios de salud curativos o preventivos (WHO, 2019).
Magnitud y tendencias de los ataques contra atención sanitaria en crisis humanitarias
En 2012, la Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo la necesidad de contar con una recogida sistemática de datos acerca de los ataques contra misiones médicas, personal sanitario y personas usuarias de servicios de salud en conflictos armados, mandó a la OMS a documentarlos (World Health Assembly, 2012). Cinco años más tarde, en 2017, se lanzaba oficialmente el Sistema de Vigilancia de Ataques en Atención Sanitaria (Surveillance System for Attacks on Health Care o SSA) (WHO, n.d.).
En 2017 había aún un registro parcial, en 2020 la pandemia de COVID-19 redujo la capacidad de recogida de datos, y posiblemente hay un importante subregistro. En cualquier caso, este sistema de la OMS evidencia que desde 2022 se producen entre 1400 y 1800 ataques anuales contra personal y servicios de atención sanitaria en países con emergencias humanitarias complejas (WHO, n.d.).
Por otra parte, en 2011 se fundó la Safeguarding Health in Conflict Coalition (SHCC), formada por unas 40 organizaciones unidas para concienciar sobre los ataques, reforzar su documentación y abogar por el derecho a la salud. Según los datos de esta coalición, que emplea una metodología más amplia que la OMS y cubre más países, en 2025 se registraron 2546 incidentes violentos contra servicios de atención sanitaria en 33 países en conflicto. Se dañaron o destruyeron 790 hospitales o centros de salud, 455 profesionales fueron asesinados, 218 fueron secuestrados y 263 fueron detenidos (SHCC & Insecurity Insight, 2026).
¿Son más que antes? ¿Han aumentado? ¿Es esto una nueva normalidad? Es difícil responder estas preguntas. Lo cierto es que, aunque hoy los ataques son más visibles y se documentan mejor, también hay evidencia de que la violencia contra la atención sanitaria en conflictos siempre ha existido (Rubenstein, 2021).
¿Por qué se ataca a quienes prestan ayuda?
El personal humanitario y sanitario a menudo es objetivo de ataques por causas similares, como operar en los mismos contextos asistiendo a todas las personas en necesidad con neutralidad e imparcialidad. Esto, que debería protegerlos, es precisamente lo que les expone a la violencia.
Entender los intereses e incentivos de los perpetradores de incidentes violentos, y las diferencias específicas en el caso de los ataques contra el personal sanitario, protegido de manera particular por el Derecho Internacional Humanitario desde hace años (Bernard, 2013), resulta esencial para entender cómo mitigar los riesgos.
¿Cuáles son los motivos de los perpetradores de violencia contra personal humanitario?
La Aid Worker Security Database recoge tres tipos de motivos: políticos, económicos e incidentales (Stoddard et al., 2017).
- Un motivo político se alinea con las ambiciones políticas de un grupo, estatal o no estatal. Estas ambiciones pueden estar relacionadas con la deslegitimación y desestabilización del enemigo, o incluso como demostración de fuerza y sometimiento de la población local. En ocasiones, los trabajadores humanitarios no son el objetivo principal, pero atacarles es un medio para hacer daño a sus oponentes o a la población local.
- La motivación económica se relaciona con el robo de dinero y bienes, así como con el cobro de rescates por secuestros.
- La categoría incidental se aplica cuando el trabajador humanitario es víctima de ataques que, al menos hasta donde se puede constatar, no estaban dirigidos contra él.
En el caso de actores estatales, a menudo actúan con violencia amparados por una atmósfera de impunidad. Esto es, al menos en parte, resultado de la falta de consecuencias legales y políticas ante los ataques o el incumplimiento continuado del Derecho Internacional Humanitario (Stoddard et al., 2017).
La lógica de los ataques contra personal y servicios de salud en crisis humanitarias
Los ataques contra la atención sanitaria en crisis humanitarias complejas pueden producirse por motivos que se superponen con los de los ataques contra actores humanitarios de todo tipo, pero también siguen patrones con una lógica específica de varias dimensiones (Rubenstein, 2021):
- Ataques para negar la atención sanitaria a personas heridas y enfermas consideradas como enemigas o relacionadas con el enemigo. También se sigue esta lógica cuando se percibe que estas personas, sean combatientes o civiles, pueden estar usando los centros sanitarios como refugio.
- Amenazas y ataques para destruir o reducir el acceso a la atención sanitaria a poblaciones enteras. Es una forma de castigo colectivo empleada en ocasiones contra poblaciones acusadas de apoyar al oponente, para intimidarlas o para forzar su desplazamiento.
- Ataques para ganar ventaja táctica. Esto se produce cuando los atacantes emplean los vehículos confiscados o robados para transportar armas y soldados, los centros de salud como infraestructuras desde las que lanzar ataques, y los insumos médicos para financiar otras acciones militares o para atender a sus combatientes, llegando para ello al secuestro del propio personal sanitario.
- Ataques por conveniencia, evitando tomar precauciones para proteger a personas heridas, enfermas y sus cuidadoras. Estas precauciones son obligatorias, pero se evitan con pretextos de interés militar, al negar el transporte de enfermos a través de checkpoints. También es la lógica usada al atacar hospitales donde se sospecha que se refugian otros grupos armados enemigos, sin avisos ni medidas para minimizar posibles daños a pacientes y personal sanitario.
- Ataques para expresar descontento con la calidad y organización de los servicios de salud o con las autoridades que los gobiernan. Esto en ocasiones se combina con la difusión de desinformación y teorías conspirativas, pero también puede ser fruto del miedo o la ira de las comunidades. Este tipo de violencia, a diferencia de las anteriores, no proviene de las partes en conflicto y se ha evidenciado, por ejemplo, durante la respuesta a la pandemia de COVID-19.
¿Qué se está haciendo para protegerlos?
A lo largo de los años se le ha ido prestando más atención a los ataques contra personal humanitario y de salud en crisis humanitarias complejas. La creación de bases de datos como la Aid Worker Security Database o el WHO Surveillance System for Attacks on Health Care ha permitido dimensionar la magnitud de los incidentes y conocer su tipología: causas, resultados, personas afectadas y perpetradores. Otras organizaciones también han hecho grandes aportaciones a este cuerpo de evidencia para defender el derecho a la salud (Human Rights Watch, 2026).
En paralelo, las organizaciones humanitarias no solo han usado esta información para hacer incidencia política con campañas demandando que el personal humanitario y de salud no sea un objetivo de ataques, o iniciativas como Health Care in Danger (ICRC, n.d.). También se han visto obligadas a reforzar sus medidas de seguridad y reducción de riesgos y, en ocasiones, a interrumpir una acción humanitaria altamente necesaria.
También se han publicado importantes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la 2286 (UN Security Council, 2016). En ella se recuerda la obligatoriedad del cumplimiento del Derecho Humanitario Internacional en lo relativo a la distinción entre combatientes y población civil, la prohibición de realizar ataques indiscriminados y la obligación de tomar medidas de precaución para minimizar daños. La resolución también condena los ataques y amenazas contra heridos, enfermos, personal sanitario y las instalaciones de salud, y reclama rendición de cuentas y el fin de la impunidad, al llamar a los Estados Miembros a realizar investigaciones independientes.
Sin embargo, 10 años después de la publicación de la Resolución 2286, la violencia, lejos de retroceder, se ha intensificado. Aunque las leyes están, faltan la voluntad y el liderazgo político para traducir los compromisos en acciones concretas, para garantizar la rendición de cuentas y para acabar con la violencia contra el personal sanitario y humanitario (Rubenstein et al., 2025).
Referencias
- Bernard, V. (2013). Editorial: Violence against health care: Giving in is not an option. International Review of the Red Cross, 95(889), 5–12. https://doi.org/10.1017/S1816383114000125
- Hilhorst, D., & Jansen, B. J. (2010). Humanitarian space as arena: A perspective on the everyday politics of aid. Development and Change, 41(6), 1117–1139. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2010.01673.x
- Human Rights Watch. (2026, May 28). Attacks on health. https://www.hrw.org/feature/2026/05/28/attacks-on-health
- Humanitarian Outcomes. (2026a). Aid Worker Security and the Risk of State Detentions [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lvuO8sF-8OY
- Humanitarian Outcomes. (2026b). Aid Worker Security Database codebook. https://humanitarianoutcomes.org/AWSD-codebook
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- International Committee of the Red Cross. (n.d.). Health Care in Danger. Retrieved July 16, 2026, from https://healthcareindanger.org/
- Rubenstein, L. (2021). Perilous medicine: The struggle to protect health care from the violence of war. Columbia University Press. https://cup.columbia.edu/book/perilous-medicine/9780231192460/
- Rubenstein, L., Haar, R. J., & Amon, J. J. (2025). Attacks on healthcare in war are being steadily normalized—we need to end impunity. BMJ, 390, r1964. https://doi.org/10.1136/bmj.r1964
- Safeguarding Health in Conflict Coalition, & Insecurity Insight. (2026). Care in the crosshairs: Violence against health care in conflict 2025. https://www.insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2026/04/2025-SHCC-Annual-Report.pdf
- Stoddard, A., Breckenridge, M.-J., Czwarno, M., & Duque-Díez, M. (2025). Aid Worker Security Report 2025 — Defenceless: Aid worker security amid the humanitarian funding collapse. Humanitarian Outcomes. https://humanitarianoutcomes.org/AWSR_2025
- Stoddard, A., Harmer, A., & Haver, K. (2006). Providing aid in insecure environments: Trends in policy and operations (HPG Report 23). Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute. https://humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/providingaidininsecureenvironments-full.pdf
- Stoddard, A., Harmer, A., & Czwarno, M. (2017). Aid worker security report 2017 — Behind the attacks: A look at the perpetrators of violence against aid workers. Humanitarian Outcomes. https://humanitarianoutcomes.org/publications/aid-worker-security-report-2017-behind-attacks-look-perpetrators-violence-against-aid
- United Nations Security Council. (2016). Resolution 2286 (2016) (S/RES/2286). https://docs.un.org/en/S/RES/2286(2016)
- World Health Assembly. (2012). WHO’s response, and role as the health cluster lead, in meeting the growing demands of health in humanitarian emergencies (Resolution WHA65.20). https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/7b0ecd72-d7e6-4c32-a41c-ad3a48021324/content
- World Health Organization. (2019). Surveillance system for attacks on health care (SSA): Methodology, Version 1.0. https://www.who.int/publications/i/item/surveillance-system-for-attacks-on-health-care-(-ssa)
- World Health Organization. (n.d.). Surveillance System for Attacks on Health Care (SSA) [Database]. Retrieved July 16, 2026, from https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx
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Cómo citar esta página
Abarca, B. (17 de julio de 2026). Ataques contra trabajadores humanitarios y sanitarios: cifras, causas y protección. Salud Everywhere. https://saludeverywhere.com/accion-humanitaria-y-cooperacion-al-desarrollo/ataques-contra-trabajadores-humanitarios-y-sanitarios/