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Aborto en contextos humanitarios y de conflicto

  • Página actualizada el26 de febrero de 2025
Aborto en contextos humanitarios
Foto: Bruno Abarca

Acabar con el aborto inseguro es una prioridad global, tanto desde una visión de salud pública y salud global, como desde una visión de derechos humanos y derechos reproductivos. Lograrlo requiere eliminar las barreras legales y sociales a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también garantizar la disponibilidad de servicios accesibles de salud reproductiva que incluyan tanto anticoncepción como atención segura al aborto.

A partir de 1994, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres refugiadas se pusieron encima de la mesa de la salud global y la acción humanitaria. Sin embargo, desde entonces y durante más de dos décadas, la atención segura al aborto en contextos humanitarios ha estado a la cola de estos avances. Una serie de cambios en torno a 2018 podrían cambiar este escenario.

El aborto es una necesidad para millones de mujeres

El aborto es una necesidad para millones de mujeres que tienen embarazos no deseados

Existe una estrecha relación entre los embarazos no deseados y la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras que el porcentaje de embarazos que termina en aborto inducido es del 29%, este porcentaje es mucho mayor (61%) si consideramos solo los embarazos no deseados. Se estima así que, cada año, 73 millones de embarazos no deseados terminan en aborto inducido.

Esta estrecha relación entre los embarazos no deseados y los abortos inducidos existe en todas partes. La dinámicas de esta relación, sin embargo, son diferentes según los contextos. Hace 25 años, la tasa de abortos era mayor en países ricos que en países pobres. Las familias en los primeros deseaban tener pocos hijos, mientras que en los segundos las familias deseaban tener muchos. Hoy, sin embargo, las familias en países ricos pueden acceder fácilmente a anticonceptivos, lo que ha llevado a una reducción en la tasa de abortos. En las familias de países pobres, sin embargo, hoy ya desean familias más pequeñas, pero hay grandes barreras para el acceso a anticonceptivos. Como resultado, hoy, el porcentaje de embarazos no deseados que termina en interrupción voluntaria del embarazo en países de bajos ingresos (40%) es muy similar al de los países de altos ingresos (43%).

Tasas globales de aborto
Tasas medias de abortos inducidos por país entre 2015 y 2019. Guttmacher Institute, 2022.

Las restricciones legales al aborto no lo reducen: lo hacen más peligroso

Las restricciones legales al aborto no reducen los embarazos no deseados ni la práctica del aborto

El aborto es un procedimiento muy seguro cuando se realiza por personal cualificado siguiendo protocolos médicos actualizados. Se estima que ocurre menos de una muerte materna por cada 100.000 procedimientos. Sin embargo, está restringido legalmente en muchos países. En algunos de ellos está prohibido por completo, mientras que en otros se permite solo en supuestos excepcionales, como para salvar la vida de la madre. Por lo general, hay mayores restricciones legales al aborto en los países con menos recursos.

Sin embargo, esto no parece tener ningún efecto disuasorio en los embarazos no deseados. Es más, los embarazos no deseados son más frecuentes en los países que restringen el acceso al aborto, y menos frecuentes donde el aborto es ampliamente legal. Algo parecido ocurre con el aborto: su práctica es mayor en los países que más lo restringen legalmente. Es más, en los países que tratan de restringir el aborto, el porcentaje de embarazos no deseados que acaba en aborto ha crecido del 36% al 50% en los últimos 30 años. Este aumento ha sido mayor que el de la media global.

Las barreras al aborto, sin embargo, aumentan el peligro para las vidas de las mujeres más pobres

Las restricciones al aborto obligan a que se realicen de manera ilegal, clandestina e insegura. Esto también ocurre en lugares donde a pesar de que el aborto sea legal en numerosos supuestos, hay numerosas barreras de acceso a los centros acreditados. Cuando el aborto se realiza con técnicas anticuadas y peligrosas, o por personal no cualificado, un procedimiento que de otra manera sería seguro supone un gran riesgo de complicaciones. 

El 45% de los abortos son inseguros. Sin embargo, mientras que este porcentaje es solo del 12,5% en países desarrollados t y donde es mayoritariamente libre, alcanza el 74,8% en los países donde está severamente restringido y supera el 85% en los países del centro y el oeste de África. De hecho, el 97% de los abortos inseguros ocurre en países en vías de desarrollo. Algunos son muy inseguros. En ellos, no solo se han utilizado técnicas anticuadas o sin el apoyo o la información de personal formado, sino que además se han realizado empleando métodos peligrosos. Estos incluyen la ingestión de sustancias cáusticas, la introducción de elementos punzantes y cuerpos extraños por la vagina, o el uso de remedios tradicionales. En África, dos tercios de los abortos inseguros son de este tipo.  

Se estima que entre el 8% y el 18% de muertes maternas se debe a complicaciones del aborto, que resultan principalmente de abortos inseguros. Cada año mueren unas 68.000 mujeres debido a consecuencias de los abortos inseguros y más inseguros. Estas consecuencias incluyen hemorragias, infecciones y envenenamiento por las sustancias ingeridas para tratar de causar el aborto. Además, en muchos casos ocasionan secuelas como infecciones crónicas, infertilidad o traumatismos. En los contextos humanitarios, esto se produce con mayor frecuencia, a la vez que es donde hay más barreras de acceso a la atención sanitaria de las complicaciones.

La atención al aborto en contextos humanitarios comienza a avanzar

Durante años, apenas ha habido progreso limitado en la atención postaborto

En 2004, el Grupo de Trabajo Inter-Agencia de Salud Reproductiva en Crisis (Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crises o IAWG) publicó una gran evaluación del progreso de la salud reproductiva en la agenda humanitaria. Este análisis apenas encontró disponibilidad limitada de servicios de atención postaborto (cuidados brindados después de un aborto espontáneo, o de las complicaciones resultantes de un aborto inducido, generalmente inseguro). La atención segura al aborto en contextos humanitarios ni siquiera se evaluó. El IAWG revisó su manual de campo de salud reproductiva de 1999, con una actualización en 2010 que por fin incluyó un capítulo sobre la atención completa al aborto. Sin embargo, esto tampoco supuso ningún avance práctico real.

Diez años después de la primera evaluación (y veinte después de la conferencia del Cairo), en 2014, una nueva evaluación mostró avances y mejorías en atención postaborto, pero de nuevo reveló una escasez casi absoluta de acceso a atención segura al aborto. Estudios en ese mismo periodo mostraron además que la atención postaborto era un tema casi ignorado en los proyectos de acción humanitaria en salud y protección. De 11.347 proyectos analizados, para la respuesta a 345 emergencias entre 2002 y 2013, 3.912 estaban relacionados con la salud reproductiva. Sin embargo, la atención al aborto solo se mencionaba en 13 de ellas. En todos los casos, además, las referencias eran exclusivas a la atención postaborto. La atención segura al aborto en contextos humanitarios era completamente ignorada en las propuestas de proyectos, así como en los estudios sobre su financiación, implementación y evaluación de resultados.

Algunos motivos para evitar abordar el aborto en contextos humanitarios no están justificados

No todos los motivos dados por actores humanitarios para evitar el abordaje del aborto han demostrado tener una base sólida. 

En muchos casos, el aborto no se ha visto como una prioridad. Sin embargo, hay sólida evidencia del aumento de riesgo en contextos humanitarios de embarazos no deseados y abortos inseguros, así como de su amenaza a las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades. La necesidad de atención segura al aborto en contextos humanitarios, habitualmente, es extrema. 

También ha habido entre muchos actores temor a asumir procedimientos médicos complejos. Sin embargo, los protocolos de aborto seguro son seguros, y aplicables por personal bien formado de nivel medio. Es más, se puede realizar en las mismas unidades de atención sanitaria que ofrecen atención obstétrica básica de emergencia.

Las barreras legales impuestas por donantes como Estados Unidos sí tienen un terrible impacto

La otra gran barrera para muchos actores humanitarios son las restricciones legales de los países de intervención y las impuestas por los países donantes. Esto es especialmente significativo en el caso de Estados Unidos. En este país, la Enmienda Helms a la 1973 Foreign Assistance Act prohíbe que fondos estadounidenses puedan emplearse para practicar o promover abortos por organizaciones humanitarias estadounidenses y extranjeras. Además, la Mexico City Policy (o Global Gag Rule) de 1984 impide que organizaciones extranjeras que reciben fondos estadounidenses puedan proporcionar información, practicar o hacer referencias a servicios de atención segura al aborto, ni con fondos de otros donantes ni con fondos propios. Esta ley tradicionalmente entra en vigor con los gobiernos republicanos y se revoca con los gobiernos demócratas. Aunque hay excepciones a estas leyes, ambas fuerzan a que muchas ONGs, para proteger la financiación de sus programas humanitarios, eviten cualquier actividad relacionadas con el aborto. 

En cuanto a las leyes nacionales en los países de intervención, rara vez impiden por completo la práctica del aborto. De hecho, la mayoría de los países permiten el aborto en casos de agresión sexual, violación, incesto, o cuando el embarazo pone en peligro la salud mental y física de la madre. Esto, además, está respaldado por numerosos instrumentos legales, protocolos supranacionales de derechos humanos, y las Naciones Unidas. De hecho, hoy, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el aborto esté disponible para cualquier persona embarazada que lo solicite. Es más, se manifiesta abiertamente en contra de las leyes basadas en «supuestos», o que requieran autorización de terceras personas.

Desde 2018, la atención segura al aborto en contextos humanitarios comienza a avanzar

La actualización de 2018 del Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings por fin incluye referencias explícitas a la atención segura al aborto en el MISP, en la máxima medida que permita la ley en cada país o región. Este impulso pretende avanzar en un enfoque de derechos sexuales y reproductivos desde el inicio de las emergencias, con el apoyo de donantes humanitarios.

Organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) no solo han promovido los cambios que han llevado a la actualización del MISP. También se han posicionado, de manera enérgica y en repetidas ocasiones, a favor de la atención segura al aborto en contextos humanitarios dentro de los márgenes legales establecidos por cada país. Otros actores globales, como la Organización Mundial de la Salud o Ipas, incluso han desarrollado herramientas que permiten a actores humanitarios analizar y entender las leyes relacionadas con el aborto en cada territorio, evaluar los riesgos, y actuar en consecuencia. El IAWG también ha publicado recientemente documentos para ayudar a organizaciones humanitarias en su transformación interna para entender el aborto seguro en contextos de crisis como un derecho humano esencial para la igualdad de género y la prevención de muertes maternas. 

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido muy abierta en cuanto a sus avances en relación con el aborto. Esta ONG, en 2004, ya había adoptado una política para proporcionar atención de aborto seguro donde fuera necesario, para prevenir muertes maternas y lesiones como consecuencia de abortos inseguros. Durante años, además, trabajaron para superar las barreras internas, relacionadas con la percepción negativa del aborto, o el desconocimiento de la importancia del aborto seguro para salvar vidas. Como resultado, MSF pasó de proporcionar apenas 74 abortos seguros en cinco países en 2015 a casi 35,000 en 33 países en 2021.

El siguiente paso: el aborto con medicamentos en la comunidad

Métodos como la aspiración al vacío o la dilatación y evacuación son seguros, pero tienen riesgo de complicaciones como infecciones, sangrado, retención de tejidos y dolor, en algunos casos. Además, requieren acceso a unidades de salud para el procedimiento y la atención post-aborto. Esto es una gran limitación, por las barreras económicas y geográficas de acceso, pero también por las barreras sociales, vinculadas con el estigma. Esto afecta más a las más pobres y vulnerables, particularmente en contextos humanitarios.

Hoy se considera que el aborto inducido con medicamentos puede ayudar a superar muchas de estas barreras y transformar el ejercicio de los derechos reproductivos de millones de mujeres. Es un método empleado durante años, que ha demostrado seguridad y eficacia. Los medicamentos necesarios no son especialmente caros y su consumo es seguro en el propio domicilio. Se requiere un diálogo entre la persona que desea el aborto, y la persona formada que le informa, aconseja, y entrega los medicamentos, para que se los pueda tomar en casa. El hecho de que no sean necesarios análisis clínicos, capacidad quirúrgica o equipamiento médico permite que el aborto pueda realizarse en la privacidad del hogar, con plena autonomía de las mujeres. 

El personal de salud que ofrece la información y los medicamentos ni siquiera tiene que estar en un centro de salud u hospital. Puede ser una agente comunitaria de salud, bien formada y supervisada para ofrecer un servicio esencial desde la confidencialidad, el respeto y la confianza. Una vez más, una clave esencial del acceso a la salud se encuentra en la participación comunitaria, en el rol de agentes comunitarios/as y en los principios de la atención primaria, como ocurre con la promoción de la salud, el manejo de enfermedades comunes de la infancia y la desnutrición aguda, o la vigilancia epidemiológica comunitaria.

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